El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia (CPHDG), el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia (COPRODEGA) y la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (ATESSGA), mantuvieron una reunión de trabajo de la que se desprende la siguiente nota de prensa.
El único punto a tratar fue el posicionamiento conjunto de estos colectivos en relación al procedimiento de acreditación de competencias mediante la experiencia profesional y educación no formal que promueve la Consellería de Educación.
Durante dos meses, estos colectivos se han reunido con las Administraciones sanitarias y educativas, con técnicos de la Consellería de Educación, con otros Colegios Profesionales así como con colectivos del sector empresarial, trasladándoles nuestro posicionamiento sobre este procedimiento. Se ha hecho hincapié en la contradicción existente al admitir los poderes públicos, la existencia de personas que ejercen competencias reguladas sin la titulación habilitante para ello, para posteriormente, reconocer esas mismas competencias a través de una experiencia profesional que en ningún caso debiera haber existido.
Así mismo, se les recordó con insistencia que algunas de estas profesiones, como es el caso de higienistas y protésicos dentales, son profesiones colegiadas, siendo, además
de la titulación habilitante, requisito indispensable para el ejercicio de las mismas, la colegiación.
Son fines esenciales de los Colegios Profesionales, la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, motivo por el que no pueden, en ningún caso, abstraerse de esta actuación de la Administración educativa que cuenta con la pasiva complicidad de la Administración sanitaria.
De todos estos encuentros y reuniones se ha tomado conciencia de la mínima receptividad de los planteamientos aportados así como de la ausencia de voluntad política en corregir la aplicación sin matices de esta normativa estatal.
Igualmente, del estudio del procedimiento de acreditación de competencias se ha concluido, que el mismo se encuentra perfectamente financiado a través de un elevado grado de recursos económicos, que parece repercutir de forma negativa en los agentes directamente implicados, a la hora de percibir, entender y comprender , los asuntos planteados por estas organizaciones.
A mayor abundamiento denuncian, al calor de este procedimiento de acreditación de competencias también mediante la formación no formal, la aparición de un vasto mercado de formación “ad hoc”, mayormente online, que ofrece formación alternativa eludiendo la formación académica reglada a precios desorbitados y que no garantiza una formación integral. Ha aparecido de forma abrupta y repentina, atraídos por los fondos europeos, un ecosistema formativo que desestructura la formación de las profesiones sanitarias reguladas.
El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen que garantizar el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Lamentan que desde las instituciones se obvien sus reivindicaciones las cuales creen que podrían solucionarse con un mero ejercicio de sensatez y sentido común.
Las organizaciones reunidas seguirán muy de cerca el procedimiento, obligados por la defensa de sus fines sociales, contando así mismo con el apoyo de sus servicios jurídicos.